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¿Es la vacuna COVID-19 obligatoria o voluntaria?

Está claro que el principal objetivo de la vacuna del Covid-19 es prevenir la enfermedad y disminuir su gravedad o mortalidad. A pesar de ello, tanto los riesgos propios de la vacunación, como los efectos adversos de alguna vacuna como la AstraZeneca, han provocado que un porcentaje de la población se plantee no vacunarse.

No obstante, este debate y disparidad de criterios en torno a la vacunación, ya lo hemos vivido a menor escala en ocasiones anteriores, como en los casos del brote de sarampión de Disneyland, o con el fallecimiento de un niño de Olot por Difteria.

Sin embargo, dejando a un lado (por no ser objeto de este artículo) los aspectos puramente sanitarios y científicos, está en boca de todos la obligatoriedad o no de la vacunación. Y esta controversia tiene su proyección legal en la necesidad de proteger derechos fundamentales como el derecho a la salud, la integridad física o la libertad personal.

En este sentido, muchas personas nos planteamos:

  • ¿Estamos obligados en España a vacunarnos contra el COVID-19?
  • ¿En qué casos se puede imponer la obligatoriedad de una vacuna?

 

En primer lugar, cabe indicar que las vacunas están catalogadas legalmente como medicamentos especiales. Y son medicamentos especiales aquéllos que en cada caso decida el legislador por ser precisa una regulación concreta.

Así, el artículo 45 del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio (la Ley del Medicamento) regula las garantías sanitarias concretas de las vacunas y demás medicamentos biológicos. Por su parte, el Real Decreto 1345/2007 define el medicamento inmunológico como todo medicamento consistente en vacunas, toxinas, sueros y alérgenos; también se definen las vacunas individualizadas y los alérgenos. Asimismo, se regulan las condiciones especiales de autorización previa de lotes de fabricación y tramitación de expedientes de registro.

¿Estamos obligados en España a vacunarnos contra el COVID-19?

La vacunación en España es voluntaria, ya que nuestro ordenamiento no incorpora explícitamente el deber de vacunación y nadie puede, en principio, ser obligado a vacunarse.

Ahora bien, hay determinadas situaciones que permiten que los poderes públicos competentes impongan la vacunación forzosa, fundamentalmente en caso de epidemias.

¿En qué casos se puede imponer la obligatoriedad de una vacuna?

  1. En caso de epidemia:

La primera norma de carácter general, no propiamente sanitaria, que permitiría fundamentar en determinados casos la obligatoriedad de las vacunas es la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio, de estados de alarma, excepción y sitio.

Art. 4 LO 4/1981:

“El Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo 116.2 de la Constitución, podrá declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad:

  1. b) “crisis sanitarias, tales como las epidemias”.

Declarado el estado de alarma, el art. 12 establece que:

“La autoridad competente podrá adoptar por sí, según los casos, además de las medidas previstas en los artículos anteriores, las establecidas en las normas para la lucha contra las enfermedades infecciosas”.

 

  1. En situaciones especiales en materia de salud pública.

Por una parte, el artículo 28 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, establece que:

“Todas las medidas preventivas contenidas en el presente capítulo deben atender a los siguientes principios:

  • Preferencia de la colaboración voluntaria con las autoridades sanitarias
  • No se podrán ordenar medidas obligatorias que conlleven riesgo para la vida
  • Las limitaciones sanitarias deberán ser proporcionadas a los fines que en cada caso se persigan
  • Se deberán utilizar las medidas que menos perjudiquen al principio de libre circulación de las personas y de los bienes, la libertad de Empresa y cualesquiera otros derechos afectados.

Por otra parte, la Ley 33/2011, 4 de octubre, General de Salud Pública, parte de un principio general de voluntariedad en las actuaciones de salud pública, así el art. 5.2 establece que:

“Sin perjuicio del deber de colaboración, la participación en las actuaciones de salud pública será voluntaria, salvo lo previsto en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas especiales en materia de salud pública”.

 

La regla general es la voluntariedad, salvo lo dispuesto a continuación en la Ley Orgánica 3/1986:

En relación a la vacuna frente a la COVID-19, la actualización 1 de la Estrategia de vacunación frente a COVID-19 en España (18 de diciembre de 2020), sigue este mismo criterio: “sin perjuicio del deber de colaboración que recae sobre los individuos, la vacunación frente a COVID-19 será voluntaria, y ello, a salvo de lo previsto en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas especiales en materia de salud pública.

 

La Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública establece en su art. 1:

“Al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias, adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad”

 

Por su parte, el art. 2 señala que:

“Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad”.

 

Finalmente, el art. 3 dispone que:

“Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible”.

 

A la vista de la normativa aplicable, podemos concluir que siendo el principio general que impera en nuestro derecho la voluntariedad en la vacunación, es legalmente posible imponer la vacunación en caso de epidemia cuando exista un riesgo colectivo para la salud pública.

 

Normativa en materia de información y consentimiento del paciente.

Finalmente, hemos de tener en cuenta la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, que establece en su art. 9.2 que:

“Los facultativos podrán llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables en favor de la salud del paciente, sin necesidad de contar con su consentimiento, en los siguientes casos:

  1. a) Cuando existe riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias establecidas por la Ley. En todo caso, una vez adoptadas las medidas pertinentes, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986, se comunicarán a la autoridad judicial en el plazo máximo de 24 horas siempre que dispongan el internamiento obligatorio de personas».

 

El principio general de autonomía de la voluntad que establece la Ley 41/2002, cede en determinadas situaciones, donde es posible realizar intervenciones de salud sin consentimiento de los interesados; una de esas situaciones es el riesgo para la salud pública, remitiendo nuevamente el legislador la cuestión a la Ley Orgánica 3/1986 vista y con la preceptiva intervención de un juez que ejerza la función de control de este tipo de decisiones.

 

Conclusión: ¿se puede imponer la vacuna del Covid -19 como obligatoria?

Así pues, a modo de conclusión, la regla general en nuestro Derecho es la no obligatoriedad de la vacunación, tanto de la vacunación sistemática, entendida como medida de salud pública para prevenir la aparición de enfermedades, como en los casos en los que el riesgo es exclusivamente individual, en ambas situaciones es preciso el consentimiento del interesado o de sus representantes legales.

Excepcionalmente, la Ley Orgánica 3/1986 permite plantear la vacunación con carácter obligatorio en casos de epidemias y crisis sanitarias y riesgo efectivo para la salud pública; en el resto de los casos, en los que el riesgo es exclusivamente individual, solo sería posible obligar a la vacunación siguiendo el art. 9.2 b) Ley 41/2002:

“Cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo y no es posible conseguir su autorización, consultando, cuando las circunstancias lo permitan, a sus familiares o a las personas vinculadas de hecho a él, sin que resulte de aplicación a estos supuestos de riesgo individual la Ley Orgánica 3/1986″.

Cuestión distinta, en el ámbito laboral, es la obligatoriedad que, en determinadas circunstancias y en sectores concretos, pueden imponer las empresas a sus trabajadores para vacunarse contra el COVID-19, que será objeto de análisis en otro artículo.

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